Más del 90% de contagios están ocultos

Tras la Semana Santa, Sanidad efectuará test a 30.000 familias para dimensionar la incidencia de una enfermedad que estima muy extendida. El resultado determinará el proceso de salida del confinamiento

Al menos 15 de cada 16 afectados por el coronavirus en España —más del 90%— no está registrado, según las estimaciones del propio Ministerio de Sanidad, que va a efectuar una campaña masiva de pruebas para tener una imagen más realista de la incidencia de la Covid-19 fuera de los hospitales con la que combatir la epidemia. La mayoría de los expertos coinciden en que el número de contagiados en España está muy por encima de los 140.510 recogidos hasta el martes, e incluso algunos estudios sugieren que pueden ser millones.

El muestreo epidemiológico a 62.400 personas —unas 30.000 familias— comenzará la semana que viene y durará tres semanas, según explicó el martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El objetivo es dimensionar el desfase entre las cifras oficiales y la propagación real del virus y diseñar a partir de ahí las medidas de salida a esta crisis que se ha cobrado ya 13.798 vidas en España.

El documento sobre este plan de cribado, diseñado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), considera que esa muestra de 62.400 personas es la que se necesita para “estimar una seroprevalencia del 5% con una precisión del ±2,5% y un nivel de confianza del 95%”. Es decir, considera que, como poco, existe ese 5% de población con el virus, explica José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. “Aunque seguramente serán más”, añade. Él calcula que la media nacional puede estar alrededor del 15%, en zonas como Madrid, con hasta un 40%, y otras, como Huelva, con poca afectación y alrededor de un 4%.

Este mínimo del 5% implicaría que hay, al menos, 2,35 millones de personas que están o han estado en contacto con el coronavirus (15 veces más de las que se declaran), algo lógico, ya que a los registros oficiales solo llegan los casos de personas que se hayan contagiado y tengan síntomas, mientras que se sabe que la mayoría de los afectados (alrededor del 85% del total) no notan que tienen el virus. “El ministerio ha tirado por lo bajo”, recalca Martínez Olmos, quien explica que si se esperara una prevalencia de menos del 5% se habría tenido que tomar una muestra aún mayor. Cuantos menos casos hay, más pruebas hay que hacer para detectarlos, y al revés, si se esperara una prevalencia del 50% no harían falta 62.000 análisis. Esta medida servirá para determinar el porcentaje de la población que padece la enfermedad y, a partir de ahí, decidir qué medidas de confinamiento se pueden ir levantando, y de qué manera. “Se trata de tener una fotografía lo más exacta posible por zonas y con la mayor representatividad por género, ubicación… Lo ideal sería tenerlo barrio a barrio”, dice Martínez Olmos.

Según un documento del Instituto de Salud Carlos III, adelantado el martes por la cadena SER, se hará un test rápido a cada miembro del hogar y, si la prueba da negativo, se realizará un PCR, el test más fiable. El sistema se repetirá a los 21 días.

Por eso, el estudio estará compuesto por un mínimo de 62.400 personas “a partir de una muestra de hogares de personas no institucionalizadas” (se excluyen residencias y otras instituciones), con el objetivo de obtener datos representativos a nivel nacional, autonómico y provincial, así como de todos los grupos de edad. El protocolo indica que los profesionales que lleven a cabo el estudio realizarán un test rápido de anticuerpos a cada miembro de la familia. Esta prueba inicial sirve para hacer un primer cribado: si la persona da positivo, se considerará como contagiada, pero hay veces que un infectado puede dar negativo (si lleva menos de seis días contagiado); por eso, a quienes den negativo se les realizará un PCR, el test más fiable que existe (aunque también más lento).

Con ambas pruebas se procederá a valorar si en los domicilios participantes hay individuos contagiados y si es necesario aislarlos, bien en una habitación del propio domicilio o bien en alguna instalación pública. De hecho, el pasado domingo Sánchez pidió a los presidentes de las comunidades autónomas que preparen un listado de infraestructuras que puedan servir para aislar a los positivos que no requieran hospitalización, de tal manera que no contagien a las personas cercanas. El Gobierno explicó el lunes que el confinamiento para los asintomáticos sería voluntario, aunque busca fórmulas legales para ver cómo actuar con aquellas personas que no quieran aislarse. En cualquier caso, en las visitas posteriores a cada domicilio incluidas en el estudio —pasados 21 días— se repetirán las pruebas que correspondan, según el estatus de cada individuo.

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Para seleccionar los hogares participantes, el ISCIII requerirá la ayuda del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que para realizar los test y PCR será necesaria la colaboración de las diferentes comunidades. Sin embargo, en principio no será necesario que lo realice personal sanitario, dado que tan solo se precisa un pinchazo en el dedo, parecido al que acostumbran los diabéticos para medirse el azúcar. Aunque el estudio será voluntario, el ISCIII espera una alta participación debido a la concienciación social por la crisis. El diseño de la encuesta epidemiológica ya está cerrado, pero la logística para realizarla es complicada. “Se están poniendo todas las herramientas para hacerlo de forma rápida. Se va a realizar en las próximas semanas”, explicó el martes María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Desescalamiento

Idelfonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, destaca la importancia de tener esos datos antes de empezar a tomar decisiones para revertir las actuales medidas de aislamiento (el llamado desescalamiento), ya que permitirá saber cuántas personas son aún susceptibles de infectarse (las que no hayan estado expuestas al virus).

Evolución de casos confirmados

En ese sentido, Martínez Olmos destaca que, aparte de pruebas en residencias de mayores y a todo el personal sanitario, deberían establecerse unas reglas comunes para relajar el aislamiento, aunque adaptadas a cada entorno. Por ejemplo, se puede establecer una distancia mínima de seguridad de un metro, pero si en Madrid ya ha habido un 40% de personas infectadas —y, por tanto, con una inmunidad adquirida, aunque aún está por ver lo que dura— se podrían abrir restaurantes que mantuvieran esa distancia, mientras que en lugares donde el porcentaje de la población que aún no ha pasado la infección es muy alto esa decisión podría retrasarse. Lo mismo pasaría con teatros y otros grandes espacios susceptibles de acoger aglomeraciones, que en una primera etapa no podrían abrir.

En principio, la idea del Gobierno es repetir este mapa a los 21 días, pero lo ideal sería hacerlo periódicamente para ir adaptando las decisiones que se tomen a la situación de cada momento. El hecho de que los sistemas sanitarios solo estén captando actualmente el 15% de los afectados entre los que tienen síntomas, ingresan o acaban en una UCI, y que la infección se pueda transmitir también por personas asintomáticas hace que, en este caso, más que en otras enfermedades infecciosas en las que el infradiagnóstico pueda ser menos grave, obligue a efectuar estas pruebas masivas. E. de Benito/M.Á. Medina