2021: La Importancia de la Seguridad Jurídica para el Crecimiento Económico. Por Daniel Lacalle
Por Daniel Lacalle, economista Jefe en Tressis y autor de Libertad o Igualdad (Deusto) entre otras obras
Nos enfrentamos a una crisis económica y sanitaria muy grave en 2020, y España encara el 2021 con optimismo ante la llegada de los fondos europeos, las vacunas y la recuperación económica. Sin embargo, las estimaciones de consenso recopiladas por Focus Economics han rebajado el rebote del PIB del año 2021 hasta un 4,8% a pesar de incorporar el impacto de estas noticias. Es importante también recordar que la estimación de mejora del empleo se ha revisado a la baja, lo cual es muy preocupante. Por supuesto, podemos pensar que las estimaciones de analistas se equivocan y no nos faltaría razón, pero la historia muestra que tienden a equivocarse por optimistas, no por cautelosos.
Si atendemos a las cifras, la economía española ha perdido más de 65.000 empresas en la crisis de 2020 y a cierre de noviembre había 3.851.312 personas desempleadas. Si comparamos esta cifra con la del año anterior, la tasa de paro ha aumentado en un 20,4% pero además aún quedan 750.000 personas en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).
En un entorno tan complicado, queda claro que es clave atraer inversión y empleo. La estadística es clara. Para crear empleo y absorber los puestos de trabajo perdidos en una crisis es esencial fortalecer la creación de nuevas empresas y la atracción de inversión, ya que son las pymes (pequeñas y medianas empresas) y sobre todo los negocios de nueva creación los que más empleo crean tras una crisis.
Los fondos europeos no serán suficientes para fortalecer a la economía española. Incluso si asumimos una ejecución casi perfecta, no podemos creer en un efecto multiplicador mágico ya que tenemos el precedente del Plan de Empleo y Crecimiento de 2009 y el Plan Juncker, donde el impacto en crecimiento fue muy limitado. Eso no quita bondad a la iniciativa, solo nos muestra la evidencia de que estos planes suponen un apoyo a inversiones con rentabilidad económica real y proyectos nuevos, pero no solventan un problema de solvencia de las empresas. Recordemos que el Banco de España estima que casi el 25% de las empresas españolas están en graves riesgos financieros.
Ante un escenario donde la crisis sanitaria puede reducirse significativamente gracias a las vacunas y donde el acuerdo de Brexit disipa una de las mayores incertidumbres para la economía española, debemos poner todos los esfuerzos en atraer todo el capital interno y extranjero para que la recuperación sea sólida, con aumento de la productividad y con ello, del empleo y los salarios. Unos de los riesgos más grandes de la salida de la crisis es que se genere un efecto rebote agregado en PIB (producto interior bruto) pero no llegue a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores. Ya lo recordamos por la crisis de 2009.
Para atraer inversión de calidad, a largo plazo y con efecto real sobre la productividad debemos fortalecer la seguridad jurídica e inversora. Existen muchos estudios científicos que muestran cómo los países con seguridad jurídica, un marco regulatorio atractivo y estable e instituciones independientes reciben más inversión y a más largo plazo que países comparables con dudas sobre la seguridad jurídica. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que el impacto en PIB potencial de tener un marco de seguridad jurídica e inversora atractivo y estable es muy superior que en países que no cuentan con esas ventajas. No vale con estar en la Unión Europea y fiarlo todo al hecho de pertenecer a un club que garantiza muchas seguridades, pero no todas. Hay que adoptar las mejores prácticas de los países miembros líderes. Muchas veces se habla en el debate político sobre las distintas velocidades y la lentitud en convergencia de algunos países, incluida España, dentro de la Unión Europea, pero se suele ignorar u obviar la importancia de tener un marco de seguridad jurídica atractivo y estable.
Cuando hablamos de seguridad jurídica no hablamos solo de leyes detalladas, sino de una judicatura independiente, instituciones ágiles y justas, y tampoco hablamos de muchas normas, sino de una regulación sencilla, eficiente y atractiva. A veces se confunde seguridad jurídica con normativismo y regulación con burocracia, cuando en realidad son lo contrario.
Para recuperar el PIB de 2019, el consenso de analistas estima que España tendría que aumentar la inversión en la economía real con proyectos de rentabilidad económica real y de alta productividad. Incluso con estimaciones de rebote de la inversión de 15-20% anual, España no recuperaría el PIB de 2019 hasta 2023. Es por ello por lo que debemos hacer un esfuerzo para mantener y fortalecer la independencia de nuestras instituciones y la estabilidad y atractivo del marco fiscal, regulatorio y normativo.
España tiene muchos ingredientes para ser un centro global de atracción de inversión y, lo más importante, de inversión de alta productividad a largo plazo. Contamos con una percepción internacional muy positiva sobre la independencia de nuestras instituciones y la calidad de nuestra seguridad jurídica, pero hay que mejorar y hacerlo de manera urgente para compararnos con los líderes de la Unión Europea. Y es un objetivo que requiere del esfuerzo de todos. La sociedad civil debe luchar para que la seguridad jurídica no se ponga en cuestión. Caer en el voluntarismo o en la resignación es una gran equivocación.
