Las ayudas de las autonomías por la Covid difieren hasta en 3.000 euros

por Salud y Medicina · 26 noviembre, 2020

Si usted regenta un bar en Euskadi, el Gobierno vasco le dará entre 3.000 y 4.000 euros por tenerlo cerrado a causa de la Covid-19. En Castilla y León 3.500 euros. El Gobierno catalán prometió 1.500 euros –si no se agotan las ayudas–, y el de Galicia, 2.500 euros –que también se agotaron tras colapsarse el sistema informático–. En Andalucía no pasarán de los 600 euros, aunque la Junta ha anunciado que pronto habrá más dinero. Las diferencias entre las ayudas habilitadas en cada comunidad autónoma en la crisis de la Covid-19 son enormes. No sólo en la hostelería. Ocurre lo mismo con la cultura o las ayudas a la vivienda, en casi todo. Ni tan siquiera se puede decir que exista un patrón en función del color político de cada comunidad autónoma. En esto, España es federal. De un federalismo radicalmente asimétrico.

Gratificación a los sanitarios

Por ejemplo: incluso las compensaciones a los trabajadores del sector sanitario que se pagaron el pasado verano no fueron iguales pese a que en realidad todos hicieron lo mismo: cuidar a mucha gente en muy poco tiempo. En Andalucía, el gobierno regional aprobó una paga extra del 20% de tres meses del sueldo base, de promedio unos 660 euros. En Galicia la bonificación consistió en una tarjeta de prepago en restaurantes y hoteles con un valor de 250 euros. En Catalunya, la compensación se materializó en una paga especial de entre 350 y 1.350 euros solo a los que habían trabajado en áreas Covid-19 y en función de su exposición al riesgo. Habrá quien considere que esas diferencias tienen todo el sentido del mundo. A fin de cuentas el coste de la vida no es el mismo. En Andalucía rebajan el tramo autonómico del impuesto de la renta si sus contribuyentes entregan ayudas en metálico al sistema público de salud. En Navarra han brindado la posibilidad de reducir el impuesto de la renta a las pequeñas empresas y no cobrarán el impuesto de actividades económicas. Bien es cierto que Navarra, con el sistema del concierto económico, puede hacer políticas de ese tipo. En el resto de España, con la otra excepción, Euskadi, esas decisiones dependen del Ministerio de Hacienda. Esta semana Pedro Sánchez ha prometido nuevas ayudas en respuesta a una petición del presidente en funciones, Pere Aragonès.

Dinero en circulación

El Gobierno central está inyectando dinero a las comunidades autónomas –aunque muchos creen que no es suficiente– por dos motivos: porque son ellas quienes están lidiando con la Covid-19 en sus territorios y en segundo lugar porque es la mejor manera de “regar” el dinero, esto es, dar liquidez. En total, hasta septiembre se habían entregado 10.864 millones a las comunidades autónomas. Esta cifra es de más. Es decir, esta inyección se produce a parte de las transferencias a cuenta del propio sistema autonómico. Aunque ese sea un cálculo absurdo: si cada uci nueva especializada en Covid-19 cuesta 85.000 euros, con todo este dinero se podrían hacer 127.811 unidades hospitalarias. A todo ello hay que añadir el dinero que la Unión Europea está inyectando con la modificación de los fondos regionales y agrarios. No es fácil sacarles partido porque están sujetos a complicados reglamentos. De un rastreo por la mayoría de las comunidades autónomas se llega a la conclusión de que la inmensa mayoría de estas aportaciones extraordinarias del Estado se ha destinado a pagar la enorme factura de la primera ola y a empezar a liquidar los gastos de la segunda.

La factura sanitaria

El gasto sanitario es espectacular. El primer tramo del llamado Fondo Covid del Gobierno central, dotado con 6.000 millones (ver el reparto en el cuadro adjunto). se fue casi íntegramente por ese sumidero cuando llegó a las comunidades autónomas el pasado mes de julio. Además, en muchas comunidades se han hecho aportaciones extraordinarias para financiar la educación o los programas sociales. Para los que están interesados en saber si se ha contratado más personal sanitario, al menos en la contabilidad nacional, no se detecta un incremento significativo. Por cierto, que no todas las comunidades, en especial las que están gobernadas por el PP, cuentan a sus ciudadanos que los fondos extraordinarios con los que pagan muchas de estas cosas proceden de una aportación especial de la Administración central.

La lucha por las ayudas

Algunos gobiernos autonómicos han habilitado fondos propios extraordinarios aumentando su nivel de deuda. El más claro en esto fue el Gobierno vasco, que presentó en su Parlamento una modificación del presupuesto de este año para habilitar un crédito de 1.546 millones de euros. La Unión Europea no solo aprueba sino que alienta este tipo de operaciones. No todos fuerzan la máquina con la misma intensidad. Catalunya hizo una operación similar a la del País Vasco hasta alcanzar el incremento de dos décimas del déficit: 300 millones. El Gobierno catalán es especialmente prudente en el gasto. Otra cosa es si este dinero se gasta con inteligencia o si las administraciones tienen suficiente musculatura administrativa para gestionar todos estos recursos. Hay casos como el de los fondos de la Generalitat para autónomos que se agotaron en apenas dos días porque se repartieron por concurrencia no competitiva. Es el modo de dar dinero rápido, sin otro criterio que el de quien llega antes se lleva la ayuda. No es el único, otras comunidades lo han empleado y les ha pasado lo mismo, como ocurrió en Galicia: colapso del sistema informático y agotamiento vertiginoso del dinero. El método de la concurrencia no competitiva es el que da menos trabajo a los funcionarios y que requiere menos inteligencia. Aunque sea injusto y probablemente fomente la desigualdad. En realidad el propio Gobierno central ha propiciado esa estrategia. La mayor parte del dinero asignado en los fondos Covid no es finalista y no está condicionado, es decir, cada comunidad puede hacer lo que considere con él. Queda por ver quién evalúa la efectividad de todo este dinero inyectado. Preguntado el Ministerio de Hacienda, por ahora parece que nadie está haciendo, al menos a corto plazo, esa tarea.

Suspenso en transparencia

La inyección de fondos que están recibiendo las comunidades autónomas es inédita. Dados los precedentes en España –con un considerable índice de corrupción–, habría que gestionar el dinero con una gran transparencia. Si los fondos Covid son el ensayo general de las nuevas inyecciones de dinero, no vamos bien. Intentar averiguar en qué se ha gastado todo este dinero es un ejercicio casi imposible para el ciudadano. Los portales de transparencia son todavía malos y en la mayoría de los casos es casi imposible llegar a saber qué se gasta y en qué.

Con la salvedad de alguna comunidad –en este caso, los repositorios de Catalunya y Valencia son de los mejores, y el de Madrid, el peor–, ni tan siquiera en las compras de emergencia de la primera oleada, cuando se suspendieron los trámites más garantistas de la ley de contratos, se cumple realmente una difusión ordenada y accesible de los datos. Y eso, a pesar de que era obligatorio.