Cataluña, primera comunidad que pacta la compensación económica con los centros privados por el Covid-19
La Generalitat pagará a los centros 43.400 euros por cada paciente ingresado en la UCI
Cataluña es la primera comunidad autónoma que ya ha concretado cómo compensará a los hospitales privados por atender la emergencia sanitaria. La Generalitat pagará 43.400 euros por cada paciente con covid-19 que haya pasado por la UCI y sea dado de alta. Así lo recoge un decreto que incluye también a los hospitales públicos y concertados. Las cifras han sido pactadas y cuentan con el visto bueno de la patronal de la sanidad privada.
El decreto aprobado por la Generalitat incluye medidas presupuestarias para compensar al sistema de salud por el esfuerzo extraordinario ante la pandemia. La forma de pago habitual del Sistema Integral de Utilización Pública de Cataluña —conocido por la siglas SISCAT, que incluye a los hospitales públicos y a los concertados— queda suspendida de forma temporal. En su lugar, se activa otro mecanismo para que los centros puedan facturar la “actividad extraordinaria” derivada de la atención a pacientes con covid-19. Y se incorpora, también, a la sanidad privada.
Cataluña es la primera comunidad que da el paso y detalla qué cantidades pagará a la sanidad privada que también atienda casos de coronavirus. Es una reclamación de todo el sector, pero que por ahora solo ha encontrado buena acogida en el Palau de la Generalitat. “Nos propusieron incorporarnos a este sistema y nos pareció bien. No es un decreto que se haya hecho para nosotros, pero se agradece. Estamos muy contentos porque es una vía de financiación para el sector”, explica Lluís Monset, director de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la principal patronal. Monset concreta que tuvieron la oportunidad de “discutir” las cifras y aplaude la propuesta final, fruto de “un pacto”.
Aunque la cifra más llamativa es la de los 43.400 euros de las UCI, el decreto fija otras cuantías: si el paciente no pasa por cuidados intensivos, el CatSalut abonará 2.500 euros por un máximo de tres días y 5.000 euros para estancias más largas. También pagará 93 euros por cada prueba PCR. El decreto establece además que, “mientras dure la situación de emergencia”, los centros que atiendan covid-19 “cobrarán un importe” que se corresponda con los gastos para poner en marcha nuevos espacios destinados a combatir el virus. Ese importe será el 4% de la facturación del mes de febrero.
La patronal del sector privado defiende la bondad de los números y asegura que, aunque el Departamento de Salut ha tenido la última palabra, han sido consensuados. El precio medio de una noche de UCI por paciente ronda los 1.000 euros. Pero el director de ACES defiende que, en el caso del coronavirus, los gastos son más elevados. Y recuerda que el precio pactado incluye todos los días previos y posteriores a la estancia en esa unidad. Desde el inicio de la emergencia, la actividad en los centros privados ronda el 10% de lo habitual.
Tras la polémica por la publicación del decreto, que fue aprobado el pasado 10 de abril, la consejera de Salud, Alba Vergés, admitió ayer que los precios fijados en el decreto son fruto de un cálculo “aproximado”. Vergés reconoció que resulta imposible conocer de antemano cuál es el coste real que habrán asumido los centros por la covid-19.
Para evitar que se pague de más (o de menos) a los hospitales, el decreto fija la obligación de realizar una auditoría para ajustar cuentas. Una vez superada la emergencia, recoge el decreto, Salut se compromete a encargar una “auditoría externa de los gastos” para fijar “la valoración económica final de esta actividad”. El Servicio Catalán de Salud (Catsalut) procederá entonces a “regularizar los importes” para “garantizar que no ha habido un margen de beneficio superior al razonable” por parte de los centros.
Varias clínicas privadas de Barcelona habían mostrado su preocupación por el hecho que no habían tenido, hasta ahora, indicación alguna del pago del coste de los pacientes atendidos derivados de la sanidad pública. Por ejemplo, la clínica Sagrada Familia de Barcelona, de capital independiente, ha tenido el 100% de las camas de UCI ocupadas por pacientes de covid-19 referidos de los grandes hospitales públicos.
Ello también se ha traducido en suspender intervenciones ya programadas de otras especialidades, doblar las horas del personal sanitario y la contratación de facultativos de forma temporal para atender la sobrecarga de trabajo. Ahora la duda es cuanto tiempo se tardará en recibir esta compensación y si habrá disponibilidad para hacer frente al gasto de los miles de pacientes que se han derivado de los centros públicos. J.S.
