La obesidad ‘se ceba’ con la población socialmente más desfavorecida

La desigualdad social duplica las tasas de obesidad. Ya no es ‘cosa de ricos’. Para 2040 se espera que su carga global sea del 26% en los países más pobres, frente al 6% actual.

La obesidad afecta de forma desproporcionada a quienes disponen de menos recursos económicos, educativos o sociales. Estas desigualdades influyen, en gran medida, en aspectos de su abordaje integral como la calidad de la alimentación, la posibilidad de realizar actividad física, el acceso a información rigurosa y a la atención clínica. Se podría resumir que las personas con menos recursos tienen más dificultades para seguir una dieta saludable, hacer ejercicio físico, recibir, si precisan, atención psicológica, así como determinados tratamientos, si se indican, que hasta el momento no están financiados por el Sistema Nacional de Salud

La desigualdad no es una consecuencia, sino una parte del origen del problema, por lo que, si los determinantes sociales no se abordan, la prevalencia no se reducirá. Así, las personas que más apoyo necesitan son, precisamente, quienes más complicado tienen recibirlo. La obesidad crecerá del 16% actual al 39% en 2040 en todo el mundo, con un aumento especialmente rápido en regiones de menor renta. Ya no es, por tanto, una enfermedad concentrada en los países ricos, sino que está desplazándose hacia quienes tienen menos recursos para afrontarla. En la actualidad, el 6% de la carga global está en países más pobres y en 2040 será del 26%.

Aunque la desigualdad social no es el único elemento que incrementa la obesidad y otros factores de riesgo asociados -no existe un único porcentaje aplicable de forma universal, la evidencia científica muestra de forma consistente un claro gradiente social. En España y en otros países de nuestro entorno, la prevalencia de obesidad y exceso de peso es claramente superior en los grupos con menor nivel educativo, menor renta y mayor precariedad laboral. En algunos contextos, especialmente en áreas socialmente desfavorecidas, la obesidad puede llegar a ser hasta dos veces más frecuente que en los grupos socioeconómicos más favorecidos.

Factores sociales que contribuyen al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Los determinantes sociales operan en varios niveles: • Renta y educación: condicionan conocimientos, habilidades y capacidad real de elección; a menor nivel socioeconómico, más barreras para una dieta saludable.
• Inseguridad laboral y precariedad: favorecen estrés, horarios incompatibles, fatiga, peor sueño y menos planificación alimentaria.
• Entorno urbano y territorial: disponibilidad de espacios seguros para actividad física, transporte activo, y acceso real a comercios con productos frescos.
• Determinantes comerciales: exposición a marketing de ultraprocesados y entornos ‘obesogénicos’ con alta densidad de oferta no saludable.
• Salud mental, estigma y estrés crónico: empeoran la relación con la comida, la adherencia y el acceso a una atención adecuada.

Según los expertos, hay que implementar políticas alimentarias que faciliten el acceso asequible a alimentos saludables, desarrollar entornos urbanos que favorezcan la actividad física y asegurar una atención sanitaria que garantice la detección precoz, la derivación a equipos multidisciplinares, así como el acceso a tratamientos eficaces. Todo ello, teniendo en cuenta la perspectiva social y cultural para que las medidas lleguen realmente a quienes más lo necesitan.

Dejando a un lado aspectos puramente relacionados con la asistencia sanitaria, muchos se cuestionan si es realmente posible que la población con menos recursos recurra a alimentación saludable con el actual precio de la cesta de la compra ‘por las nubes’. “Desde un punto de vista estrictamente nutricional sí es posible, pero no igual de fácil para todo el mundo”. Una dieta saludable puede construirse con alimentos básicos (legumbres, verduras y frutas de temporada, huevos, lácteos naturales, pescado en conserva, frutos secos en porciones, agua), y con técnicas sencillas (planificación, cocina por lotes, aprovechar congelados sin salsas). Siempre que existan tiempo, conocimientos y capacidad de planificación”.

Pero el mensaje clave es estructural: cuando el presupuesto aprieta, la ‘elección saludable’ deja de ser una elección libre. Las familias vulnerables tienen menos margen para comprar frescos con regularidad, menos tiempo para cocinar y mayor exposición a opciones baratas, densas en energía y muy disponibles. Por eso, hablar solo de ‘responsabilidad individual’ es incompleto: la solución exige políticas que hagan lo saludable más accesible; que faciliten el acceso real a una alimentación sana.

Cuando la obesidad ya está presente las dificultades se multiplican. Las personas que viven en zonas rurales suelen depender, casi exclusivamente, de la farmacia comunitaria como primer recurso sanitario, sin acceso fácil a especialistas o unidades multidisciplinares. Asimismo, aquellos con empleos precarios o con horarios difíciles tienen menos margen para recibir un seguimiento clínico o cambios de hábitos. Y, además, el estigma pesa más: muchas de estas personas retrasan la consulta porque temen ser juzgadas.

La comparación internacional 

La obesidad se considera un auténtico problema de salud pública pues aumenta el riesgo de tener más de 200 enfermedades y afecta con especial intensidad a los grupos más vulnerables. En España, por ejemplo, el coste de no actuar para acabar con la obesidad supera los 130.000 millones de euros al año y podría alcanzar los 161.000 millones en 2030. En este sentido Bellido señala que “cuando se consiguen reducciones de peso clínicamente relevantes, el beneficio para el sistema sanitario y para la sociedad es sustancial, alcanzándose un valor social estimado en 84.000 millones”.

Los datos de la SEDO señalan que España presenta una prevalencia de obesidad superior a la media europea y, además, importantes desigualdades territoriales y sociales. Las comunidades con menor nivel socioeconómico concentran mayores tasas de obesidad y menor acceso a recursos preventivos y asistenciales.

La comparación internacional es útil por dos razones: países que han mejorado han llevado a cabo estrategias sostenidas y multisectoriales, no campañas puntuales. Hay ejemplos concretos con impacto: Reino Unido (con el gravamen a bebidas azucaradas con descensos relativos en obesidad infantil, especialmente en escuelas de zonas desfavorecidas), Francia (con la aplicación de Nutri-Score y estrategias poblacionales-, y países nórdicos (con un enfoque de ‘salud en todas las políticas.

Los países con estrategias sostenidas y multisectoriales, no campañas puntuales, han conseguido frenar o reducir la obesidad

Los países que han logrado frenar o reducir la obesidad lo han hecho mediante estrategias sostenidas y multisectoriales, combinando medidas regulatorias, fiscales, educativas y sanitarias, con un enfoque explícito en la reducción de las desigualdades sociales.

La Atención Primaria, primera puerta de entrada al sistema sanitario y el nivel asistencial con mayor continuidad y cercanía con la población, desempeña un papel fundamental en el binomio desigualdades sociales y obesidad. “En la práctica, Atención Primaria identificar riesgo y desigualdad, incorporando de forma rutinaria una valoración breve de determinantes sociales (situación económica, horarios, salud mental, red de apoyo, acceso a alimentos y actividad física). Puede evitar estigma y mejorar adherencia a través de un lenguaje centrado en salud y objetivos realistas, sin culpabilización. garantizando la equidad clínica; que el acceso a intervenciones eficaces no dependa del nivel socioeconómico del paciente“.  M.T.T./L.D.B./ A.M.A. (SyM)